Cuba alerta de eventual fuga de Posada Carriles

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha conocido que en días pasados, el señor Rogelio Cruz, abogado defensor del connotado terrorista Luis Posada Carriles, anunció que su defendido ha sido trasladado a una clínica privada en Panamá alegando su deteriorado estado de salud.

Ante esta noticia, el Ministerio considera necesario recordar cómo se ha desarrollado el proceso judicial contra Luis Posada Carriles, caracterizado desde el inicio por irregularidades, decisiones motivadas políticamente y acciones que se dirigen a propiciar una fuga de los terroristas o la impunidad por sus crímenes.

Poco después de que las autoridades de la República de Panamá rechazaran la justa solicitud de extradición formulada por las autoridades judiciales cubanas contra los cuatro terroristas, por los crímenes que durante décadas han cometido contra nuestro pueblo, perfectamente documentada en cuatro expedientes de extradición de más de 2000 páginas, un grupo de organizaciones obreras, estudiantiles e indígenas de la República de Panamá presentaron cuatro querellas contra los terroristas detenidos.

Nuestro pueblo recordará que el atentado que se planificaba contra la vida del Comandante en Jefe, se perpetraría en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, en el momento de efectuarse un acto de solidaridad con Cuba, en el que, de no haberse frustrado por la cooperación de los órganos de seguridad cubanos y la rápida actuación de los órganos de seguridad panameños, hubiesen muerto centenares de personas, incluido obreros, estudiantes e indígenas panameños participantes en dicho acto.

Esas cuatro querellas fueron, en su momento, inexplicablemente rechazadas por un tribunal panameño, y aunque las organizaciones del caso apelaron a la Corte Suprema de Panamá, aduciendo la pertinencia de estas ante el proceso que se seguía contra los cuatro terroristas, aún esperan un fallo del máximo tribunal de la República de Panamá. De ser este positivo, estas querellas pondrían en manos de los tribunales panameños elementos adicionales para poder juzgar y condenar a los acusados.

Simultáneamente con esta indefinición, nuestro pueblo también conoció que, como resultado de los procedimientos judiciales que existen en la República de Panamá, los cuatro terroristas no serían juzgados por "intento de asesinato", figura jurídica por la que, obviamente, se les podrían imponer penas más severas, sino exclusivamente por posesión de explosivos, asociación ilícita para delinquir, delitos contra la seguridad pública e ingreso ilegal al país, figuras delictivas de menor entidad. A la vez, también hubo intentos por parte de magistrados panameños de declararse incompetentes para presidir el tribunal que juzgaría la causa, lo que requirió, una vez más, la intervención de tribunales superiores del país istmeño.

Junto a estos extraños acontecimientos, se conoció una inusitada actividad de la mafia terrorista de Miami, con constantes viajes a Panamá, con comparecencias de algunos de sus personeros transmitidas por emisoras televisivas panameñas, e incluso, entrevistas con autoridades de Panamá, todas ellas relacionadas con el caso de los cuatro terroristas detenidos y con sus intentos de lograr la impunidad de sus cómplices.

Nuestro Gobierno pudo comprobar, incluso, que terroristas de origen cubano residentes en el territorio de los Estados Unidos, que habían participado junto con Luis Posada Carriles y sus cómplices en el frustrado atentado de noviembre del año 2000 contra el compañero Fidel, y que, además, nuestras autoridades judiciales reclamaban por otros actos terroristas contra Cuba, se encontraban entre aquellos que visitaban regularmente a los terroristas en Panamá.

Entre ellos, el terrorista Santiago Álvarez Fernández Magriña, individuo sujeto al Expediente Nº 10 del año 2001 del Órgano de Instrucción del Departamento de Seguridad del Estado de la República de Cuba, que demuestra que dicho sujeto financió y organizó un intento de infiltración en nuestro país de tres individuos pertenecientes a la organización terrorista F-4, radicada en el estado de la Florida, Estados Unidos, y que fueran capturados en un medio naval por los órganos de seguridad de la República de Cuba, luego de un combate, y en posesión de fusiles automáticos y semiautomáticos, y otras armas de guerra.

Por tanto, y de conformidad con el Código Judicial panameño y la práctica internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de nuestro país en Panamá solicitó, el pasado 16 de mayo, la detención provisional con fines de extradición del citado terrorista Santiago Álvarez Fernández-Magriña.

Como se conoce tales sujetos que viajan sistemáticamente de Miami a interceder por los terroristas detenidos, se dedican a organizar planes de fuga, y entregar para su ejecución los recursos necesarios, en un complot similar a aquel mediante el cual Luis Posada Carriles escapó de una prisión venezolana.

A ello se añade el hecho de que en semanas recientes, el propio abogado Rogelio Cruz, ante la solicitud de extradición que contra Posada Carriles presentó la República Bolivariana de Venezuela, publicó en la prensa panameña un artículo pagado mediante el cual trataba de justificar que su defendido no se había "fugado" de una prisión venezolana, sino simplemente había "salido" de ella caminando y sin que nadie se lo hubiese impedido, a la par que intentaba, también, hacer ver la inocencia de Luis Posada Carriles del crimen de Barbados, presentándolo como un manso cordero, injustamente acusado por nuestro Gobierno. Parece que el Sr. Rogelio Cruz olvidó los relatos que el propio terrorista Posada Carriles le hiciera, hace pocos años, a la prensa norteamericana, donde no solo reconocía sus crímenes contra Cuba y su pueblo, sino se jactaba de ellos.

A estos hechos, que incluyen, entre otros, el injustificado rechazo de las autoridades de la República de Panamá a la solicitud cubana de extradición, la falta de respuesta a la solicitud de extradición presentada por la República Bolivariana de Venezuela, las tantas irregularidades judiciales de que hemos sido testigos en este proceso, y las visitas constantes de personeros de la mafia miamense a Panamá, se añade ahora el traslado del terrorista Luis Posada Carriles a la clínica privada San Fernando, en lugar de recluirlo en la sala de presos del Hospital Santo Tomás, donde las autoridades panameñas cuentan con las medidas de seguridad necesarias para evitar la fuga que pudiese estarse fraguando.

Al Ministerio de Relaciones Exteriores no puede menos que parecerle sumamente extraño este proceder, máxime cuando fuera autorizado por el Presidente del Segundo Tribunal de la República de Panamá, señor Joaquín Ortega, el mismo que en su momento rechazara las querellas presentadas contra los cuatro terroristas por las organizaciones obreras, estudiantiles e indígenas panameñas.

En ocasiones anteriores, cuando se han producido traslados de estos terroristas a instalaciones hospitalarias sin la debida custodia y sin la seguridad adecuada, nuestro gobierno ha denunciado que el traslado de los terroristas a dichas instalaciones constituye uno de los pasos de una eventual fuga, y ha alertado a las autoridades panameñas sobre su responsabilidad de evitar que tan peligrosos y siniestros personajes, que disponen de una red terrorista en Centroamérica y Estados Unidos que les apoya y brinda recursos financieros y de otro tipo, escapen de la acción de la justicia.

En esta ocasión, el Ministerio de Relaciones Exteriores está procediendo a una alerta similar a fin de que se prevenga la eventual fuga del terrorista Posada Carriles, y ha vuelto a reiterar a las autoridades panameñas su responsabilidad en la adopción de las medidas pertinentes para evitar la consumación de los planes que han elaborado y financiado los grupos terroristas de origen cubano que operan hoy impunemente desde el territorio de los Estados Unidos, donde tan excelentes relaciones mantienen con el Sr. Bush unos cuantos de ellos y sus jefes, que participaron en su acto del 20 de mayo.

La Habana, 23 de junio del 2002