Política de Estados Unidos hacia Cuba
Hostilidad y la agresión constante desde 1959

Granma publica una serie de trabajos sobre las agresiones armadas y las actividades terroristas promovidas contra Cuba por el Gobierno de los Estados Unidos desde mediados de 1958 en medio de la lucha guerrillera contra la dictadura de Fulgencio Batista y hasta desembocar en la invasión mercenaria de Playa Girón. En las páginas que siguen no se pretende agotar el catálogo de modalidades de agresión ni mucho menos la cronología de todas las acciones emprendidas por el Gobierno de los Estados Unidos y sus agentes oficiales y oficiosos contra Cuba y la Revolución Cubana en estos cuarenta y siete años de verdadera guerra sucia contra nuestro pueblo. Son tantos miles y miles de agresiones que sería imposible enumerarlas en espacio tan relativamente reducido. Simplemente se han apuntado algunas de las líneas de agresión y algunos de los casos específicos que pudieran ilustrar el carácter y el alcance de esa constante política agresiva. Pero los lectores podrán apreciar en esas narraciones la intensa actividad desplegada en aquel periodo inicial donde las administraciones de Dwight D. Eisenhower y John F. Kennedy hicieron lo indecible por aniquilar a la Revolución y atentar contra la vida del Comandante en Jefe

La característica general de las relaciones del Gobierno de los Estados Unidos y sus agencias con Cuba, desde el triunfo de la Revolución Cubana el 1ro. de Enero de 1959, ha sido la invariable política de hostilidad y la agresión constante.

Desde la lucha guerrillera en la Sierra Maestra, el Gobierno de Estados Unidos actuó con prepotencia injerencista para tratar de impedir la victoria revolucionaria.

Esta agresión ha adoptado todas las formas posibles, desde los ataques verbales y las campañas de difamación hasta la agresión armada directa, pasando por los intentos de aislamiento político y diplomático, la subversión, la promoción de sabotajes, los secuestros de aviones y embarcaciones, las infiltraciones de agentes y las incursiones piratas, el fomento de bandas contrarrevolucionarias, el asesinato y los planes de atentados contra dirigentes cubanos, las agresiones biológicas, los hostigamientos militares, las presiones económicas y, finalmente, el bloqueo económico y comercial, que dura ya casi cuarenta y cinco años.

En esta sostenida campaña contra Cuba, el objetivo estratégico del Gobierno de los Estados Unidos no ha sido otro que la destrucción de la Revolución Cubana.

En el arsenal de recursos puestos en práctica contra nuestro país, siempre han figurado de manera muy destacada, a lo largo de estos cuarenta y siete años, las agresiones armadas y las actividades terroristas.

El recuento que haremos en estos días no es ni mucho menos completo, pero demuestra de manera elocuente que las más recientes manifestaciones de terrorismo contra Cuba no son hechos aislados, sino parte de una política criminal sistemática.

De hecho, los antecedentes de esa política están presentes en el apoyo material y moral brindado por el Gobierno de los Estados Unidos a la dictadura sangrienta y opresiva de Fulgencio Batista. Baste recordar el sólido respaldo ofrecido al régimen batistiano casi hasta el último momento, cuando ya los estrategas políticos norteamericanos se dieron cuenta de que la permanencia del tirano en el poder perjudicaba sus futuros proyectos de dominación en Cuba. Las fuerzas armadas de Batista, empeñadas en una cruel y sanguinaria lucha contra el pueblo y responsables de incontables crímenes, no dejaron en ningún momento de recibir el apoyo logístico y el suministro de armas y pertrechos de los Estados Unidos, aun después del embargo de la exportación de armamentos a Cuba decretado por razones políticas por el Gobierno de ese país a mediados de 1958. El asesoramiento militar de especialistas norteamericanos se mantuvo hasta el momento mismo de la victoria revolucionaria del pueblo.

Fidel, acompañado del doctor Antonio Núñez Jiménez, en el momento de la firma de los primeros títulos de propiedad a los campesinos en mayo de 1959. La Ley de Reforma Agraria fue utilizada como pretexto para recrudecer las agresiones de todo tipo contra la nación cubana.

Durante el último semestre de la guerra en Cuba, se hicieron cada vez más claras las manifestaciones de prepotencia injerencista y los intentos de coacción de las fuerzas revolucionarias, y en particular del Ejército Rebelde, por parte de las autoridades norteamericanas. Recuérdense las insolentes declaraciones del vocero del Departamento de Estado, Lincoln White, a finales de octubre de 1958, o los desplantes amenazadores al mes siguiente en ocasión del incidente de la caída de un avión de pasajeros en la bahía de Nipe.

En los dos casos estaba presente la amenaza de una intervención de los Estados Unidos en el conflicto en marcha en Cuba. Pero con lo que no habían contado los estrategas de Washington era con la firmeza de los revolucionarios cubanos, como quedó expresada en la respuesta de Fidel a este segundo intento de amedrentamiento:

Como una intervención armada perjudicaría tanto a los Estados Unidos como a Cuba, y sería además una intervención sangrienta, porque encontraría la más decidida resistencia de nuestro pueblo, esperamos que Estados Unidos convenga con nosotros en la necesidad de evitarla a toda costa.

Finalmente, la actitud contrarrevolucionaria de los Estados Unidos quedó de manifiesto con los desesperados esfuerzos realizados por las autoridades norteamericanas durante las semanas finales de la dictadura por escamotear la victoria de la Revolución, desde los intentos por persuadir a Batista para que entregara el poder a una junta cívico-militar hasta la conspiración final del general Eulogio Cantillo, ejecutada con concurso y el respaldo de la Embajada norteamericana.

LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES HOSTILES A LA REVOLUCIÓN

Los estrategas de la política exterior norteamericana recibieron con inocultada preocupación la victoria del 1ro. de Enero de 1959. El Gobierno de los Estados Unidos sobrestimó su propia capacidad de maniobra, subestimó la fuerza de la Revolución, el valor y la dignidad del pueblo cubano.

Tras este hipócrita saludo, Richard Nixon, entonces vicepresidente de los Estados Unidos, sugirió el derrocamiento de la Revolución.

Los gobernantes norteamericanos se encontraron de súbito con que ya no contaban con generales ni tropas para hacer prevalecer sus intereses en nuestro país. No obstante, disponían en aquellos momentos de un vasto y, al parecer, irresistible arsenal de medidas para tratar de poner de rodillas a nuestro pueblo y destruir en última instancia a la Revolución, derivadas de la férrea dependencia económica, política, cultural e ideológica de nuestro país en relación con su inmediato vecino del Norte. No faltaban incluso quienes creían que Cuba no podría librarse de sus ataduras neocoloniales con los Estados Unidos, convencidos de que la espesa madeja de esas relaciones era imposible de romper y del funcionamiento de supuestas leyes de determinismo geopolítico.

Pero si estos recursos no bastaban, el Gobierno norteamericano tenía además a su disposición la capacidad de la Agencia Central de Inteligencia para fomentar la subversión interna, introducir armas, organizar bandas contrarrevolucionarias, realizar invasiones mercenarias, promover sabotajes, llevar a cabo ataques piratas y preparar atentados contra la vida de los principales dirigentes de la Revolución Cubana. Quedaba, por último, la posibilidad de una agresión directa, con la participación de las propias fuerzas armadas norteamericanas.

Apenas se inició la aplicación de las primeras medidas —el merecido castigo a los criminales de la tiranía, la confiscación de los bienes robados por los personeros del depuesto régimen, la disolución del viejo ejército y demás cuerpos represivos, y el saneamiento de la administración—, la Revolución tuvo que enfrentarse a las presiones diplomáticas norteamericanas y a la venenosa campaña de las agencias de noticias y demás poderosos medios de prensa de Estados Unidos.

Esto ocurría cuando la Revolución en el poder aún no había cumplido su primer mes.

Al momento mismo del triunfo de la Revolución, el 1ro. de Enero de 1959, se produjo el primer acto de hostilidad por parte del Gobierno de los Estados Unidos al ofrecer hospitalidad y asilo en el territorio de ese país a decenas de criminales de guerra que huyeron ese día. Repugnantes asesinos y torturadores como Esteban Ventura, Pilar García, Orlando Piedra, Hernando Hernández, Julio Laurent, Lutgardo Martín Pérez, Ángel Sánchez Mosquera, Rolando Masferrer, Conrado Carratalá, Merob Sosa, Alberto del Río Chaviano, Leopoldo Pérez Coujil, Irenaldo García Báez, José María Salas Cañizares y muchos otros, y desvergonzados ladrones como algunos de los principales colaboradores políticos del dictador Fulgencio Batista, encontraron inmediata o posteriormente apacible refugio en los Estados Unidos.

Las justas sanciones dictadas por los tribunales revolucionarios, en aquellas primeras semanas de 1959 contra los criminales de guerra, provocaron las primeras manifestaciones de hostilidad. El Gobierno de Estados Unidos protegió a muchos de aquellos asesinos y quería evitar que se hiciera justicia ante genocidas como este personaje cínico que sembró el terror entre los indefensos campesinos orientales y que fue Sosa Blanco.

En ese país no solo fueron acogidos como respetables ciudadanos, sino que, a pesar de las reiteradas demandas formales del Gobierno Revolucionario de Cuba, el Gobierno de los Estados Unidos se negó, en todo momento, a permitir la extradición de estos delincuentes comunes aun cuando estaba en pleno vigor un tratado suscrito a tal efecto por ambos países.

Algunos de estos delincuentes viven todavía hoy tranquilamente en la Florida y otros estados norteamericanos, donde siguen disfrutando de total inmunidad y de las enormes fortunas que casi todos robaron al pueblo. Muchos de ellos participaron en algún momento en organizaciones contrarrevolucionarias dedicadas a la promoción de agresiones armadas y acciones terroristas contra Cuba. José Eleuterio Pedraza, por ejemplo, fue el jefe de la llamada conspiración trujillista responsable de organizar una infiltración armada en 1959, y a principios de la década de los 60 participó en la preparación de numerosas acciones de sabotaje y encabezó el denominado Ejército Anticomunista de Cuba. Esteban Ventura mantuvo hasta el último instante sus vínculos con la Fundación Nacional Cubano Americana y, en particular, con quien es uno de los principales directivos de estos grupos mafiosos y terroristas, Roberto Martín Pérez, hijo del asesino Lutgardo Martín Pérez.

Se sostiene comúnmente que fue la promulgación de la Ley de Reforma Agraria el 17 de mayo de 1959, al anunciar el carácter cabalmente revolucionario del proceso social y político en marcha en Cuba y su proyección liberadora y antimperialista, el hecho que marcó el tránsito de la actitud hostil a la agresión directa de los Estados Unidos contra Cuba. Sin embargo, basta enumerar algunos acontecimientos de esos primeros meses del poder revolucionario para llegar a la conclusión de que los gérmenes de esa intención agresiva ya estaban presentes desde mucho antes.

Las justas sanciones impuestas a los criminales de guerra que pudieron ser capturados, autores de crímenes abominables con un saldo que se ha estimado en casi 20 mil muertos, pronto provocaron las primeras manifestaciones de hostilidad verbal y política hacia la Revolución en los Estados Unidos. En fecha tan temprana como el 15 de enero de 1959, un grupo de congresistas norteamericanos pidió la intervención de los Estados Unidos. El representante Wayne Hays declaraba que debía considerarse el envío de tropas a Cuba, además de la aplicación de sanciones económicas como la rebaja de la cuota azucarera y el embargo comercial. Poco importó a la maquinaria de propaganda de la gran prensa norteamericana el hecho de que el pueblo cubano hubiese expresado de manera casi unánime y evidente su pleno respaldo a la necesaria justicia revolucionaria.

El 2 de febrero de 1959, apenas un mes después del triunfo de la Revolución, fue arrestado y puesto a disposición de los tribunales el ciudadano norteamericano Allen Robert Mayer, quien se había introducido ilegalmente en territorio cubano a bordo de una avioneta con el propósito de atentar contra la vida del Comandante en Jefe Fidel Castro.

El 30 de marzo, el general Maxwell Taylor, Jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, declara ante el Congreso de ese país que "la Revolución Cubana podría ser el comienzo de una serie de convulsiones en América Latina, que darán oportunidades a los comunistas para tomar posiciones".

En abril de ese mismo año, Fidel viaja a los Estados Unidos. En Washington no es recibido, en manifiesta intención de desaire, por el Presidente de los Estados Unidos Dwight D. Eisenhower, y se entrevista en cambio con el entonces Vicepresidente, Richard Nixon.

Tras la reunión, en memorándum secreto, Nixon escribía su impresión de que Fidel era comunista o era sumamente ingenuo, y sugería implícitamente que se comenzara a pensar en el derrocamiento del flamante poder revolucionario en Cuba.

Tres semanas después de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, el 11 de junio de 1959, el Gobierno de los Estados Unidos, en nota diplomática entregada por su Embajador en La Habana, expresaba: "Los Estados Unidos reconocen que, según el derecho internacional, un Estado tiene la facultad de expropiar dentro de su jurisdicción para propósitos públicos y en ausencia de disposiciones contractuales o cualquier otro acuerdo en sentido contrario; sin embargo, este derecho, debe ir acompañado de la obligación correspondiente por parte de un Estado en el sentido de que esa expropiación llevará consigo el pago de una pronta, adecuada y efectiva compensación".

En la respuesta del Gobierno cubano a esta nota, se reiteraba que "es facultad inalienable del Gobierno Revolucionario dictar, en el ejercicio de su soberanía y al amparo de tratados, convenciones y pactos de carácter universal, las medidas que juzgue más adecuadas para impeler y asegurar el desarrollo económico, el progreso social y la estabilidad democrática del pueblo cubano". En consecuencia, declaraba la nota cubana, el Gobierno Revolucionario "se arroga la facultad de decidir lo que estime más acorde con los intereses vitales del pueblo cubano, y no admite, ni admitirá, ninguna indicación o propuesta que tienda a menoscabar, en lo más mínimo, la soberanía y la dignidad nacionales".

No obstante, en cuanto a las condiciones de pago exigidas en la nota norteamericana, el Gobierno Revolucionario argumentaba la imposibilidad material para cumplirlas y proponía la negociación de otras alternativas de compensación. Esta última propuesta fue desconocida por las autoridades norteamericanas, que se aferraron a las impracticables condiciones planteadas y encontraron por fin en la respuesta cubana el pretexto para comenzar el despliegue de su política de represalias y agresiones económicas, políticas y militares contra Cuba.

La suerte estaba echada.