«Le misure coercitive degli USA hanno provocato un notevole calo del petrolio, la perdita di 120.000 milioni di dollari e problemi per l’acquisto di alimenti e medicinali per il popolo», ha detto Arreaza.
Il ministro del Potere Popolare per le Relazioni Estere della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Jorge Arreaza, ha chiamato in questo Consiglio dei Diritti Umani a condannare le misure coercitive e unilaterali impose dagli Stati Uniti contro il suo popolo.
Durante la 43ª Sessione Ordinaria del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite che si realizza a Ginevra, il Cancelliere venezuelano ha anche precisato che l’azione del Venezuela nel Consiglio è orientata a promuovere il rispetto dei diritti umani e le libertà fondamentali di tutte le persone, ha informato VTV.
«Appoggeremo con fermezza le iniziative per lottare contro la discriminazione razziale, la xenofobia e altre forme d’intolleranza vincolate e continueremo a difendere i principi d’universalità, imparzialità e obiettività basati nel dialogo internazionale produttivo e la cooperazione per fomentare la promozione e la protezione di tutti i diritti, compreso quello dello sviluppo», ha detto ancora il Cancelliere.
Poi ha risaltato che il Venezuela condanna la violazione dei Diritti Umani e considera che i governi che impongono, appoggiano e facilitano l’implementazione di misure coercitive e unilaterali non devono far parte di questo Consiglio dei Diritti Umani.
Queste decisioni sono state reiteratamente condannate nelle Nazioni Unite perché sono contrarie al diritto internazionale umanitario, alla Carta delle Nazioni Unite e alle più elementari norme e principi che guidano le relazioni civili tra gli Stati.
«Le misure coercitive degli USA hanno significato una violenta caduta del petrolio, la perdita di 120.000 milioni di dollari e problemi per l’acquisto di alimenti e medicinali per il popolo», ha detto Arreaza.
«In questo Consiglio sono già state condannate queste posizioni in forma di sanzioni e nonostante tutte queste dichiarazioni il governo degli Stati Uniti e altri che hanno deciso d’accompagnarlo continuano a implementare queste misure con criteri ideologizzati, con l’intenzione d’obbligare il mio paese a rinunciare all’esercizio dei suoi diritti sovrani», ha affermato ancora.
INTERVENCIÓN DEL CANCILLER JORGE ARREAZA EN EL SEGMENTO DE ALTO NIVEL DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
Venezuela miembro del CDH 2020-2022
Señora Presidenta;
A partir de enero de este año, Venezuela por tercera vez, se ha reincorporado como miembro a este Consejo de Derechos Humanos.
Nuestra elección, que debió ser un procedimiento rutinario dentro de la lógica multilateral, fue convertida en una verdadera batalla global. El extremismo ideológico que se ha apoderado de la Casa Blanca, pretendió privar a Venezuela de su derecho a integrar este Consejo, activando insólitos e inéditos mecanismos de presión, chantaje y hasta extorsión hacia los Estados miembros, tanto en sus capitales, como en los foros multilaterales. Para esta estrategia utilizaron también a un grupo de países de la región como obedientes y subordinados mandaderos.
En nombre del pueblo venezolano, agradecemos a todos los Estados que respaldaron al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en tan particulares circunstancias. Vencimos, juntos fue posible. Ni el bullying internacional, ni las amenazas, ni la extorsión, pudieron doblegar la voluntad soberana de la mayoría de los Estados del mundo. Como tampoco esas fuerzas y métodos arbitrarios imperialistas han logrado doblegar la voluntad soberana del pueblo venezolano, sometido a la más grotesca intervención y agresión durante todo el año 2019.
Señora Presidenta;
La acción de Venezuela en el Consejo estará orientada a promover el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de una manera justa y equitativa. Apoyaremos firmemente las iniciativas para luchar contra la discriminación racial, la xenofobia y demás formas conexas de intolerancia.
Seguiremos defendiendo los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, diálogo internacional constructivo y cooperación, para impulsar la promoción y protección de todos los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo.
Debemos salvar este valioso proyecto colectivo, ante la tozuda y sesgada pretensión de algunos países de utilizar de manera selectiva los procedimientos del Consejo para atacar políticamente a algunos de sus miembros.
carácter ilegal de las MCU
Señora Presidenta;
Venezuela considera que los gobiernos que impongan, apoyen o faciliten la implementación de medidas coercitivas unilaterales no deberían ser parte de este Consejo. Estas medidas han sido reiteradamente condenadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que las considera como contrarias al derecho internacional, al derecho internacional humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas y a las más elementales normas y principios que rigen las relaciones civilizadas entre los Estados.
Este Consejo ha condenado reiteradamente las Medidas Coercitivas en formas de sanciones económicas y se ha declarado alarmado por los costos humanos desproporcionados e indiscriminados de estas medidas y sus efectos negativos en la población civil, en particular en mujeres, niños y niñas.
A pesar de todos estos pronunciamientos, el gobierno de los Estados Unidos (y otros que le acompañan) continúan implementando medidas coercitivas unilaterales bajo criterios ideologizados, con la intención de obligar a otros Estados a renunciar al ejercicio de sus derechos soberanos. Pretenden imponer su modelo político y económico, con estrategias de cambio de régimen por la fuerza, utilizando como herramienta, estas medidas perversas, totalmente al margen del Derecho Internacional, para disponer de los recursos naturales de los países afectados.
Obstaculizar el acceso a los alimentos y medicinas como armas para la coerción política, privando a pueblos enteros de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, es una acción, a todas luces, criminal. Las MCU son, equivalen en la práctica, a Armas de Destrucción Masiva, así lo denunciamos y así lo sufrimos en Venezuela.
Se trata de una modalidad enmascarada de guerra. Los tanques, aviones, bombas y misiles son sustituidos por bloqueos financieros y limitaciones a la producción nacional y al comercio internacional. El Departamento del Tesoro de EEUU es hoy el Pentágono económico que comanda esta guerra económica contra centenares de millones de seres humanos, ante la inacción del sistema multilateral.
Señora Presidenta;
Desde el año 2014, desde los Estados Unidos se han adoptado más de 300 medidas unilaterales para afectar el funcionamiento de la economía y menoscabar los derechos humanos del pueblo venezolano.
Desde el año 2015 Venezuela, ha denunciado ante este Consejo esta agresión económica y sus consecuencias humanitarias. Para contener el inmenso daño de las MCU, en 2018 el Presidente Nicolás Maduro pidió la colaboración del Sistema de Naciones Unidas para generar una política para romper el bloqueo. Sin embargo, al respecto poco, o nada, ha hecho la ONU. Mientras tanto, se multiplican, casi a diario, las mal llamadas sanciones de EEUU, dirigidas a afectar la producción y a bloquear todas las vías de comercialización del petróleo y otros bienes venezolanos, generando consecuencias económicas y humanitarias en toda la población. (Abrams ayer, perseguir los buques uno a uno).
Naciones Unidas y, en particular, este Consejo, debe defender el derecho que tiene el pueblo venezolano (como el iraní, o el cubano, el coreano, varios pueblos africanos y del Sur), de disponer de sus propios recursos para satisfacer sus propias necesidades sociales, con el sistema político que soberanamente decidan darse.
Las Medidas Coercitivas de EEUU han resultado en una abrupta disminución del ingreso petrolero nacional de Venezuela, que ha caído más de 16 veces, pasando de cerca de 42 mil millones de dólares en el año 2013 a 4 mil millones en 2018. Estas acciones de terrorismo económico, han generado pérdidas al país, que ya superan los 120 mil millones de dólares. A esto se suma el despojo de valiosos activos de la República y el bloqueo de recursos de los venezolanos en el extranjero.
Las medidas coercitivas ocasionan severas heridas sociales en la población de Venezuela, afectando negativamente a toda la gama de derechos humanos. A su vez, han impulsado un fenómeno migratorio, inducido e inédito.
El Gobierno Bolivariano ha hecho grandes esfuerzos por potenciar todas sus capacidades en materia de protección social. Hemos logrado impedir una hambruna y la cuadruplicación de los efectos que hubieran sucedido sin este escudo socialista, sin estas políticas sociales de contención.
Se trata, sin duda, de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil venezolana, ejecutado por las autoridades estadounidenses con clara intencionalidad y conocimiento de los efectos causados y por causar. De hecho, las secuelas sociales y humanitarias, son en realidad metas bien planificadas que se proponen cumplir para alcanzar los ilegales objetivos políticos y económicos que se han propuesto desde Washington. No son especulaciones, así lo han confesado los autores y ejecutores de esta estrategia de destrucción. (Vocero. 50 – 60% de Presión. ¿La Comunidad Internacional se va a quedar de brazos cruzados?) ¿Fueron mencionadas ayer las MCU entre en las amenazas a los DDHH por parte del Secretario General? No! Esconderlas o ignorarlas es una afrenta a los millones de seres humanos inocentes que sufren sus efectos ante la más absoluta impunidad.
Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot, académicos nortemanericanos concluyen su informe sobre la economía venezolana para los años 2017 y 18 afirmando: las sanciones de EEUU representan una sentencia de muerte para decenas de miles de venezolanos al año. La propia Alta Comisionada en sus Informes, así como el Relator especial de MCU de este Consejo, han denunciado las inhumanas consecuencias de estas medidas en Venezuela. (De Zayas)
El pasado 13 de febrero, Venezuela –como Estado Parte del Estatuto de Roma- acudió ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para solicitar una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades de los Estados Unidos, responsables de esta modalidad de terrorismo económico, a través de las MCU.
Venezuela acude a la CPI para reivindicar el derecho internacional y la vigencia de la institucionalidad multilateral en búsqueda de justicia. En Venezuela, como en otros países sometidos a MCU, se ha comprobado que las sanciones matan, son un crimen, son crímenes de lesa humanidad. Así se demostrará con evidencias probatorias ante la CPI y, a pesar de la arrogancia y el desprecio de EEUU hacia el Derecho Internacional, estamos convencidos de que ha llegado la hora de detener, de frenar la locura de la plutocracia norteamericana que atenta contra la convivencia pacífica, contra los DDHH y contra la vida de millones de personas en el mundo entero.
Venezuela hace su parte con coraje y dignidad. Sin embargo, le corresponde a Naciones Unidas, al sistema multilateral todo y a este augusto Consejo liderar esta contención humanitaria, legal, urgente e impostergable, contra la masiva violación de derechos humanos que constituyen las llamadas sanciones, las medidas coercitivas unilaterales. El tiempo corre, el sufrimiento aumenta. Que nadie evada o rehuya su responsabilidad en una materia tan grave y tan crucial como esta.
Parafraseando a Rosa Luxemburgo, desde Venezuela decimos para el mundo de hoy: Justicia o barbarie.
Muchas Gracias
